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"Se trata de proteger a la persona que es lesionada no solamente en términos
emocionales sino económicos", explicó Zepeda, del conservador Partido Acción
Nacional (PAN), en declaraciones telefónicas el viernes.
"El que rente el salón de bodas, pague la iglesia y el pastel, tiene derecho
a ser indemnizado", indicó Zepeda, un abogado de divorcios que se convirtió en
político.
El legislador dijo que los prometidos podrían tener la opción de firmar
contratos de noviazgo ante un juez con el compromiso de pagar a su pareja una
cantidad predeterminada si cancelan la boda.
Con esos contratos se eliminaría "la cultura de reñir" cuando la relación
finaliza en malos términos, añadió Zepeda.
Laura Gómez, una prometida de 33 años que recorría minuciosamente una tienda
de prendas de boda en el centro de la Ciudad de México, dijo que los contratos
de noviazgo son "una idea perfecta".
"Esto da más seguridad, más confianza a ambos", consideró Gómez, cuyo novio
pagará la mayor parte del dinero de la boda programada para la primavera.
Pero Pamela Montiel, que espera contraer matrimonio en abril a sus 19 años,
dijo que jamás firmaría un contrato semejante.
"Si estás tomando esa decisión es porque sabes qué es lo que quieres",
expresó Montiel. "Cosas como esas son para gente inmadura".
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Cambiar de parecer en el último momento podría resultarle caro a los
novios o novias de la Ciudad de México que cancelen su boda.
